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La izquierda llegó a la oposición sin haber procesado la derrota, sin liderazgos renovados y sin un diagnóstico honesto de qué falló. Cuatro años de autoprotección la dejaron intacta como estructura y vacía como proyecto. Y ahora enfrenta a un gobierno que está haciendo en semanas lo que ella evitó hacer en años, y la única respuesta disponible es que la presión está creciendo en la calle.
Gobernar es relativamente fácil cuando se hace solo lo que la base quiere. Por lo mismo, la verdadera prueba que encuentran los gobiernos no es si pueden responder a los propios, sino si es que son capaces de hacer lo que es necesario cuando saben que vienen asociados a costos políticos reales e inmediatos.
El Presidente Kast lleva menos de dos semanas en La Moneda pero ya ve que tendrá que pagar varios costos juntos.
En diez días hábiles, su gobierno anunció recortes horizontales del gasto en 274 reparticiones públicas, inició la revisión del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), retiró decretos del gobierno anterior, puso sobre la mesa ajustes a la gratuidad universitaria limitándola a menores de 30 años, abrió la discusión sobre el CAE, reforzó el Estado de Excepción en la Macrozona Norte, suspendió el proceso de determinación de sitios prioritarios de biodiversidad, y reemplazó directores en siete Servicios de Salud.
Cada una de esas medidas tiene un precio. Algunas lo tienen en la opinión pública, otras en grupos organizados, otras en la prensa internacional, que suele pintar los hechos gruesos, sin entrar en el razonamiento de fondo o el contexto especifico. Con cada uno de ellos, Kast tendrá que pagar costos.
Pero hay una salvedad importante. Las medidas tomadas no son exclusivamente ideológicas: aunque reflejan prioridades que la derecha comparte, no son privativamente de la derecha. Son también correcciones técnicas que eran necesarias o decisiones estructurales que estaban pendientes.
Los economistas lo saben, los técnicos del Estado lo saben, así como también cualquier persona que haya leído los informes fiscales de los últimos años. Eso no las hace neutrales, pues ninguna política lo es, pero sí significa que el diagnóstico que las sustenta no es patrimonio de un sector. Por lo mismo, la pregunta no es si había que hacerlas, la pregunta es quién iba a tener la disposición de hacerlas y cuándo.
Y ahí está la clave de por qué tienen costos políticos. No porque sean irracionales o crueles, sino porque toda corrección estructural produce perdedores inmediatos y visibles, mientras que sus beneficios son difusos y llegan después. Esa asimetría es la que los gobiernos tienden a evitar. Y es la que este gobierno, al menos por ahora, está eligiendo enfrentar.
El contraste con el gobierno anterior no requiere exageración. Boric tuvo cuatro años y enfrentó exactamente la misma lista. Vio los mismos problemas, recibió los mismos informes, escuchó los mismos diagnósticos. Pero eligió actuar de manera distinta en casi todos los casos.
El CAE fue prometido, luego administrado simbólicamente, luego dejado pendiente. La gratuidad fue expandida a nuevos deciles en un contexto fiscal que ya mostraba señales de deterioro, comprando adhesión con recursos que no estaban garantizados. La reforma laboral fue ingresada al Congreso en enero de 2026, a dos meses del cambio de mando, sin ninguna posibilidad real de tramitación.
Y el Mepco, que ningún gobierno ha querido tocar porque el alza de la bencina es uno de los dolores más visibles para el ciudadano de a pie, fue mantenido mes a mes mientras el costo fiscal se acumulaba silenciosamente. Mantenerlo tenía una lógica social en un contexto de inflación alta. Pero esa lógica dejó de ser válida hace tiempo, y el gobierno lo prolongó de todas formas.
Esos no son errores, son un patrón. No son decisiones aisladas ni descuidos puntuales, sino un modo de gobernar. Cada vez que se presentó una disyuntiva entre lo necesario y lo conveniente para la base propia, el gobierno de Boric eligió lo segundo. No siempre, pero sí consistentemente en los temas que más importaban.
El resultado está a la vista. Un 30% de aprobación al final del mandato. Una derrota electoral histórica. Y una caja fiscal de 46 millones de dólares al momento del traspaso, cifra que equivale a menos de un día de costo del mecanismo que se negaron a reformar. Gobernaron para sobrevivir políticamente y de todas formas no sobrevivieron. Esa es la tragedia de la izquierda chilena, que internamente sigue sin ser procesada.
Así, sin mucho en las manos, desprovista del gobierno, sin un diagnóstico claro de la derrota y sin una estrategia visible de recuperación, lo único que le parece ir quedando es la calle.
Ya hay parlamentarios y dirigentes del bloque opositor advirtiendo sobre movilizaciones. El alza de la bencina, los recortes al gasto, los ajustes a la gratuidad, todo sirve como combustible para un discurso de protesta. Y es probable que en los próximos meses ese discurso se traduzca en marchas, en paros, y en otros mecanismos de presión organizada.
Pero la pregunta no es si la oposición tiene derecho a usarla sino qué dice de su estado cuando es lo único que es capaz de convocar. Una oposición que tiene coordinación, un relato y una estrategia no lo necesitaría. Pero claramente no es el caso aquí. Si la calle es lo primero y lo único que tiene, es porque no tiene nada.
La izquierda llegó a la oposición sin haber procesado la derrota, sin liderazgos renovados y sin un diagnóstico honesto de qué falló. Cuatro años de autoprotección la dejaron intacta como estructura y vacía como proyecto. Y ahora enfrenta a un gobierno que está haciendo en semanas lo que ella evitó hacer en años, y la única respuesta disponible es que la presión está creciendo en la calle.
Algunas medidas son discutibles, como los indultos, y algunas serán corregidas en el camino, como los decretos. Pero eso es parte de gobernar. La lógica de fondo es que las decisiones necesarias suelen verse mal en el corto plazo, pero lo realmente irresponsable sería gobernar con y para los propios solo para dejarle la cuenta al que viene.
